El pasado mes de enero se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal que debería transponer la Directiva Europea sobre Reestructuraciones y Segunda Oportunidad. No obstante, se ha detectado que dicha reforma puede super un obstáculo más para conseguir una verdadera exoneración.
Más en concreto, hablamos de la sobreprotección del crédito público. Este Proyecto de Ley está favoreciendo a entidades públicas como Hacienda o la Seguridad Social para que las deudas que mantienen las personas físicas en situación de insolvencia no puedan ser exoneradas.
El Colegio de Abogados de Barcelona ha emitido un comunicado en el que manifiesta que «algunos elementos que contravienen el propio texto de la Directiva, que podrían suponer la ineficacia del mecanismo de segunda oportunidad, y podría generar una situación de inseguridad a las personas insolventes de buena fe».
El objetivo de la denominada Ley de Segunda Oportunidad es, como su nombre indica, otorgar una salida a las personas que se encuentran en situación de insolvencia personal. Si reducimos este derecho, estaremos marginando a una parte de la población, impidiendo que tengan derecho a una Segunda Oportunidad real, reduciendo así los derechos de los ciudadanos españoles respecto al resto de vecinos europeos.
Es por ello, que La Abogacía de Barcelona afirma en su comunicado que La Reforma «ha de poner el foco en la plena exoneración del deudor para no resultar contraria al espíritu de la Directiva y a su articulado».
Fuente Confilegal
